OBSERVEN DEL COMO LA ANEP, FUSADES, FEPADE, ASI, LA CAMARA DE COMERCIO, ENTRE OTRAS; MANIPULAN LA ECONOMIA NACIONAL EN CONTRA DEL PUEBLO SALVADOREÑO.


QUIENES VIAJARON CON FUNES HACIA BRASIL?

El Presidente llevó a 50 empresarios a Sao Paulo para reunirse con empresarios brasileños y funcionarios del gobierno de Lula. Según la página web de Casa Presidencial, la delegación incluyó al Presidente de la ANEP, Carlos Enrique Araujo; al Presidente de TACA, Roberto Kriete; al Presidente del Grupo Dutriz y dueño de La Prensa Gráfica, José Roberto Dutriz; al vicepresidente de la Telecorporación Salvadoreña, Juan Carlos Eserski y a otros destacados empresarios de la industria textil, turismo, energía y alimentos.

A la luz brasileña, Roberto Kriete volvió a hacer su balance de la actuación de Funes y concluyó que éste ya está pasando la prueba: “Ya van quince meses y el gobierno no ha hecho ninguna locura. La credibilidad se gana y él se la ha estado ganando.

La ANEP, que ya había clasificado la reforma fiscal de 2009 como un “pacto fiscal”, puesto que ellos mismos habían “pactado” con el gobierno para garantizarse que no se reformara la estructura fiscal ni su lógica, que carga sobre las espaldas de la clase trabajadora con el peso de la recaudación (el IVA y el impuesto de FOVIAL representan un 70% de los ingresos tributarios), no fue nada lenta en tomarle a Segovia su palabra y lanzar su propuesta fiscal.

Proponen que el gasto público sea reducido aprobando la Ley de Concesiones, para poner en manos privadas los puertos, el aeropuerto internacional, las represas hidroeléctricas, las carreteras y hasta un hotel de lujo. También, “focalizar” a ras de suelo los subsidios al gas propano y la electricidad y recortar los presupuestos de los ministerios.

LA BATALLA DE LA TELEFONÍA

Aún y así, la gran empresa agrupada en la ANEP inició su balance de los 100 días expresando su preocupación por el anuncio de una reforma fiscal. Jorge Daboub, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, identificó la decisión de eliminar, a partir del 2010, la devolución del 6% del IVA a los exportadores como una mala señal.

La inconformidad de la empresa privada ANEP fue evidente cuando el director de la Policía Nacional Civil removió al jefe de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO). Mucha población vio con buenos ojos este cambio, pues la implicación de esta división policial en la impunidad del crimen organizado era ya un secreto a voces.

Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, este ex-jefe policial -nombrado por ARENA- fue responsable de torturas, manejos procesales fraudulentos y coacción a testigos e imputados. Sin embargo, la ANEP condenó la acción de su remoción, cuestionando las motivaciones y la capacidad misma de la Policía Nacional Civil, quedando en evidencia la férrea defensa empresarial de lo indefendible.

También los gremios empresariales se unieron contra el gobierno cuando éste se sumó al cierre comercial centroamericano para presionar por la restitución del Presidente Zelaya en Honduras. En esa ocasión fueron más allá de declaraciones y lograron doblegarle el brazo al Presidente Funes, arrancándole una solicitud de comprensión, una oferta de compensación económica y un compromiso de consultarles la próxima vez que se presentara una situación similar.

El respaldo de la Presidencia a las empresas transnacionales telefónicas, en particular a Telecom, que controla más del 95% de la telefonía fija en nuestro país, fue clave para ir construyendo la confianza tan añorada por los empresarios.

En el mes de enero, la fracción legislativa del FMLN, reaccionó a una respuesta positiva de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) a la solicitud de América Móvil (Telecom-El Salvador) de un ajuste del cargo básico de telefonía fija con base en el índice de precios al consumidor (IPC). América Móvil, que también explota la telefonía celular bajo la marca Claro, es una de las tantísimas empresas transnacionales propiedad del hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim.

La bancada del FMLN propuso eliminar este cargo, argumentando que había sido establecido con la visión de recuperar la inversión fija de los operadores, o del operador en este caso. Según la información oficial, hasta el 31 de diciembre del 2008, la inversión fija de la empresa Telecom era de 97 millones de dólares, lo que significa que en menos de un año han sido capaces de recuperar la inversión fija.

Las empresas telefónicas comenzaron una recia campaña para no aprobar la iniciativa con reuniones bilaterales con todas las fracciones legislativas, incluyendo al FMLN y a la Presidencia de la República. Un comunicado público, firmado por estas empresas y avalado por el Director Ejecutivo de ANEP, Raúl Melara, señalaba que eliminar el cargo básico de telefonía fija sería un precedente negativo “para el clima de inversión nacional, ya que atenta contra la estabilidad jurídica y económica de El Salvador, la libertad de empresa, el derecho de propiedad y la prohibición de confiscación, reconocidos y tutelados en la Constitución de la República.

OTRA SEÑAL: GANÓ TELECOM

El día 21 de enero de 2010, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto con 78 votos a favor. Pero semanas después, el Presidente Funes devolvió el decreto a la Asamblea con observaciones. En sus declaraciones públicas, Funes se presentó como un exitoso negociador con las empresas de telefonía: “Yo logré hablar con las empresas de telefonía, les persuadí de que si bien se habían modificado las reglas del juego, porque se habían modificado los contratos; podíamos, en una adecuada gestión y en una negociación con los diputados de la Asamblea Legislativa, poder llegar a un acuerdo. De tal manera que si bien pueden verse afectadas, no lo suficiente o no tanto como para que decidan retirarse del país y afectarnos en términos de pérdida de empleo”.

Días después, según el periódico digital El Faro, un memorando rotulado como “confidencial” circulaba en todas las fracciones legislativas. El documento contenía las propuestas hechas por las empresas telefónicas a Mauricio Funes: reducir el cargo básico de telefonía fija a 6.34 dólares más IVA, es decir, unos 7.20 dólares, eliminar el CPP (Calling Party Pays) o “quien llama paga” y establecer una tarifa máxima por minuto más IVA para al servicio de llamadas de un teléfono fijo a un aparato móvil.

En las siguientes sesiones plenarias bajaba el tono de los diputados de todos los colores. Finalmente, la propuesta de las empresas transnacionales se convirtió en ley de la República. Según el economista Raúl Moreno, fue una primera señal de que el Ejecutivo no le daría la espalda al capital transnacional.

UN DESLIZ CON UNA REPARACIÓN FELIZ

El mes de julio arrancó con la captura del salvadoreño Francisco Chávez Abarca, colaborador del terrorista cubano-americano Luis Posada Carriles en varias acciones criminales. Fue apresado entrando a Venezuela y, a raíz de sus declaraciones, también lo fue Alejandro Peña Esclusa, ciudadano venezolano y representante de la ONG Fuerza Solidaria.

Peña Esclusa había disertado reiteradamente en El Salvador contra los gobiernos de Cuba, Venezuela y el FMLN como parte de la campaña “Yo no entrego a El Salvador” durante el período pre-electoral. Fue invitado de la familia Simán, de Francisco Armando Arias -apoderado legal del azucarero Tomas Regalado y presidente de la Cámara Americana de Comercio en El Salvador y de la Asociación Bancaria Salvadoreña- y de empresas vinculadas a la familia Cristiani.

Aunque ningún empresario se expresó públicamente sobre estas detenciones, fue notorio que, días después, ARENA y ANEP comenzaron una campaña de denuncia contra Cuba, Venezuela y el FMLN por supuesto espionaje, del que “la mayoría de políticos y muchos empresarios” estarían siendo objeto. Acusaron al FMLN de acoso político y hablaron de un estado policial que, según los representantes del sector privado, “lleva al Socialismo del Siglo 21”. El ex-Presidente de la República y ex-Presidente honorario del COENA, Armando Calderón Sol, denunció que su casa había sido allanada y los funcionarios de ANEP aseguraron que también las viviendas de otros empresarios, aunque no mencionaron ningún nombre.

Funes y el FMLN rechazaron las acusaciones y negaron el “allanamiento” de la residencia de Calderón Sol. Según el gobierno, el incidente fue fortuito y se produjo cuando una patrulla policial advirtió que un hombre armado estaba deteniendo el tráfico vehicular en una calle de la colonia San Francisco, en San Salvador, para lograr que un vehículo saliera libremente de una vivienda. Según la versión oficial, los policías requirieron por protocolo al hombre armado que mostrara el permiso del arma que tenía y verificaron que estaba vencido. Luego pidieron lo mismo a los otros custodios y se percataron de que sus armas estaban en ilegalidad. Uno de ellos era un custodio de Calderón Sol.

No se pasó de los dimes y diretes porque Calderón Sol, a pesar de su airado discurso, no puso ninguna denuncia en la Fiscalía General de la República ni en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dándole de hecho la razón, a Funes. A pesar de las cercanías que se habían establecido entre la Presidencia y la empresa privada en materia económica, incluyendo una armoniosa sintonía en función de la firma del Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la Unión Europea, la situación se tensó de nuevo.

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